Vie. Abr 19th, 2024

El 15 de junio el Ministerio de Trabajo y los sindicatos presentaron el último acuerdo del diálogo social de la pasada legislatura, el estatuto del becario, rechazado por la patronal. En torno a un par de horas antes de que Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo empezaran sus discursos al respecto, el PSOE dejaba clarísimo que tampoco suscribía el texto: fuentes de Moncloa y del Ministerio de Asuntos Económicos decían que estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Esto no impidió que Díaz diera por hecha su aprobación aquel día: “Se ha acabado el tiempo de pensar en los jóvenes en prácticas como asalariados fantasma”. La norma nunca llegó al Consejo de Ministros, se celebraron elecciones generales y sigue en el cajón, pese a su presentación en sociedad. En el Ministerio de Trabajo ahora confirman que se volverá a convocar la mesa de diálogo social para escuchar a las partes, con el objetivo de que la patronal se incorpore al acuerdo.

“El estatuto del becario es una de las piezas claves del acuerdo de Gobierno. Claramente se dice que se aprobará y habrá que hacerlo cuanto antes. Como dijo la vicepresidenta será una de las primeras medidas”, dijo este lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante la rueda de prensa en la que diseccionó los datos de afiliación y paro registrado de noviembre. “Volveremos, como siempre hacemos, a convocar la mesa de diálogo social para contemplar si hay alguna novedad o algún cambio de criterio, pero en principio el texto con el que funciona el gobierno es el que fue acordado con las organizaciones sindicales hace unos meses”, añadió. En principio la convocatoria no tendrá lugar hasta 2024.

En el ministerio creen que es difícil que haya cambios en el texto, pero no los descartan. Quieren explorar la posición de la patronal y comprobar si es factible incorporarles al acuerdo sin perder el apoyo de los representantes de los trabajadores. En el departamento de Díaz saben que el momento político en el que se certificó el pacto era complejo, justo antes de las elecciones del 23-J, cuando la mayoría de encuestas apuntaban que el PP accedería al Gobierno. Esto alejaba a los empresarios de participar en el acuerdo, expectantes ante la posibilidad de un cambio en el Ejecutivo.

Fuentes de la negociación siempre han asegurado que el pacto finalmente suscrito estaba diseñado para incluir a la patronal, dado que limitaba las prácticas extracurriculares a 480 horas, cuando la posición inicial de sindicatos y Trabajo era eliminarlas. Para los sindicatos fue una renuncia difícil, dado su rechazo histórico a esta figura por la gran cantidad de fraude que concentra. Sin embargo, accedieron a estampar su firma en una norma a medio camino entre sus posiciones y la de la patronal, pese que los empresarios se borraron. Este texto fue el único pacto formal de sindicatos y Trabajo que no tuvo traslación al BOE en la pasada legislatura.

Menos extracurriculares y compensación de gastos

La norma que se firmó en junio se esfuerza en clarificar que las prácticas no son una relación laboral. “Se presumirá que existe relación laboral cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”, indica el texto.

Además, restringe las horas de prácticas en función de su tipología. Las curriculares, que son las desarrolladas durante los estudios, no pueden superar el 25% de las horas en que se concreten los créditos ECTS de la titulación. Un grado universitario de cuatro años se compone de 240 créditos, así que las prácticas no pueden superar los 60 créditos. Es decir, 1.500 horas, que a ocho horas al día equivalen a 188 días. Las extracurriculares, que son las que complicaron la negociación, se limitan al 15% de las horas en que se concreten los créditos de la titulación o un máximo de 480 horas. Es decir, 60 días a ocho horas por jornada, la mitad que hasta ahora.

El estatuto no fuerza a las empresas a retribuir a los becarios, pero sí establece la obligatoriedad de compensar los gastos en los que incurran. Así, los estudiantes en prácticas tendrían derecho a que les abonen los gastos de transporte o manutención. Este es uno de los puntos que más críticas despertaron. Si la empresa retribuye al becario y esa cantidad es suficiente para compensar esos gastos, no hay cargas adicionales para la compañía.

Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en una imagen de archivo.

Por otro lado, la nueva norma establece que los becarios no pueden ser más del 20% de la plantilla del centro de trabajo, con el matiz para las pymes de que siempre pueden ser al menos dos; impide que trabajen a turnos o por la noche, salvo si la actividad no se puede desarrollar de otra forma; permite la compatibilización de la prestación por desempleo y las prácticas; y prevé sanciones de hasta 225.018 euros para las empresas incumplidoras.

Rechazo de los rectores y de los nacionalistas

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) rechaza frontalmente el texto aprobado por sindicatos y Gobierno. En un comunicado distribuido en junio indica que se opone “radicalmente” a la compensación de gastos. “Se trata de una previsión inédita en nuestro derecho y cuya consecuencia inmediata será la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas”, decía entonces. Los rectores lanzan un augurio parecido respecto a la cotización de becarios que entrará en vigor el 1 de enero, a pesar de que está bonificada al 95%. El estatuto del becario sí recibe una evaluación positiva de los principales colectivos de estudiantes.

Si PSOE y Sumar consiguen ponerse de acuerdo, entonces tendrán que afrontar un debate parlamentario complejo. Fuentes del PNV expresaban dudas cuando fue aprobado por sindicatos y Trabajo: “No está hablado con nosotros y mucho menos consensuado. Pero es que tampoco está consensuado con las universidades ni con las comunidades autónomas. Nos preocupa porque para Euskadi la formación dual es fundamental y funciona bien. Y nos llegan detalles como la limitación de horas o porcentaje de formación dual del alumnado”.

ERC también se oponía al texto. “Pedimos que se haga una apuesta clara por las prácticas remuneradas”, decían fuentes del grupo parlamentario, donde interpretan que el texto acordado con los sindicatos no caminaba en esa línea. Bildu tampoco apoyaba claramente la norma.

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