La batalla por el salario mínimo divide a Italia | Negocios

Italia es uno de los pocos países europeos que no tiene un salario mínimo interprofesional. Desde hace unos meses, la cuestión ha vuelto al centro del debate político, acompañada de la necesidad de aumentar los sueldos, estancados desde hace tiempo y asfixiados ahora por la inflación. La oposición está presionando al Gobierno de Giorgia Meloni para que fije un salario mínimo de nueve euros por hora, pero el Ejecutivo se muestra reacio. Ambas partes solo están de acuerdo en la descripción del panorama: los sueldos llevan siendo demasiado bajos mucho tiempo, el poder adquisitivo de los trabajadores es cada vez menor y hay que hacer algo sin demora.

En los últimos años ha habido infinidad de propuestas de legislación sobre el salario mínimo, pero nunca se ha concretado nada. El desplome de las retribuciones en los últimos años, la precariedad y los problemas de acceso al trabajo de ciertos segmentos de la población, como los jóvenes y las mujeres, han llevado a diversos políticos y economistas a pedir cambios o reforzar el sistema actual, que se basa en los convenios colectivos.

El Partido Democrático, con Elly Schlein al frente, con el apoyo del Movimiento 5 Estrellas liderado por Giuseppe Conte y otras formaciones de izquierdas, han rescatado la propuesta que quedó en el cajón de las cosas pendientes del Gobierno de Mario Draghi. Y han empezado los trámites para presentar una propuesta conjunta en el Parlamento, que además de nueve euros brutos mínimos por hora para todos los asalariados, sugiere una serie de mecanismos para garantizar una compensación justa también a los trabajadores con contratos menos estables y a los autónomos. Han lanzado, además, una campaña de recogida de firmas para implicar a los ciudadanos, que, en contra lo que cabría esperar, parecen más bien desmotivados sobre la cuestión. Aunque no ha habido grandes movilizaciones que ayuden a entender el sentir popular, algunos sondeos, como los de YouTrend del pasado julio, revelan que tres de cada cuatro italianos, y no solo en el electorado de izquierdas, están a favor del salario mínimo. En un país con una elevada tasa de economía sumergida planea también el temor de que un sueldo mínimo obligatorio incremente aún más este fenómeno.

El concepto de “trabajo pobre” como eufemismo del trabajo mal pagado se ha impuesto en el debate político, que tiene que lidiar con cifras complicadas: el 28% de los trabajadores, algo más de cuatro millones de personas, reciben un sueldo por debajo de los nueve euros brutos por hora. Además, casi medio millón de personas, a pesar de tener un trabajo, piden la renta básica, porque se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

Meloni y su equipo creen que el salario mínimo no resolvería el vasto y complejo problema del trabajo precario en Italia y alegan que podría ser incluso contraproducente. Sostienen que las negociaciones colectivas entre los sindicatos y la patronal, que históricamente han regulado las condiciones mínimas de los trabajadores, son más convenientes y menos invasivas que un salario mínimo impuesto por ley. Esta idea está muy extendida entre la derecha, tradicionalmente contraria a introducir un umbral mínimo en los sueldos porque considera que la medida impondría a las empresas un aumento de los costes que desincentivaría las nuevas contrataciones. De momento, Meloni ha encargado un informe al Consejo Nacional para la Economía y el Trabajo, y le ha pedido que ejerza como árbitro y presente una propuesta para legislar la cuestión antes del final del año. La oposición acusa al Gobierno de perder tiempo y le reprocha que “siempre hay problemas más importantes” que abordar.

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