La Cámara baja busca dicta dictamen sobre una propuesta que fortalece la estructura judicial de Santa Fe.
Tras el envío de fuerzas federales a Rosario para hacer frente a la crisis qu’afecta a esa ciudad por el recrudecimiento de la violencia narco Fe con el objetivo de facilitar nuevas herramientas para combatir el crimen organizado.
Será a través de un pleno de las comisiones de las Justicia y Legislación Penal de la Cámara baja que se tratará la iniciativa presentada por el Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) y respaldado por legisladores santafesinos oficialistas y opositores.
La propuesta impulsó la creación de 27 fiscalías federales, 15 de las cuales tendrán asiento en Rosario y 7 en Santa Fe.
Como parte del proyecto también se impulsó el diseño de 9 juzgados penales federales con funciones de garantía, y otros 6 con funciones de revisión.
En principio, se planificó la creación de 13 autoridades fiscales federales ante la tensión que vivía la provincia que se tragó Omar Perotti, tras el ataque a un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y el mensaje mafioso contra Lionel Messi, los diputados aceleraron el tratamiento de la propuesta que venía siendo reclamada desde el año pasado por los representantes de Santa fe.
Esta reformada que busca darle mayor rapidez a las causas penales, en un contexto de fuerte incremento de los homicidios y el narcotráfico indirectamente dependiente de Cristina Kirchner.
Lo cierto es que el funcionamiento de estos nuevos juzgados necesita de la puesta en marcha del sistema acusatorio, pero la bicameral que debe analizar y resolver la puesta en marcha de este mecanismo en Santa Fe no se puede reunir porque no se designan a los senadores que deben integrar la comisión.
Mirabella remarcó en la comisión que “es imprescindible que el proyecto vaya en la perspectiva de la implementación del sistema acusatorio”.
Justamente el diputado santafesino junto al formoseño Fernando Carbajal, presentó un proyecto para facilitar la implementación del nuevo Código Federal Proceso Penal en todos los países, por lo que la tramitación de la Justicia Federal disminuye en un 50% el tiempo de resolución de los casos penales.
En el debate en comisión, Pablo Tonelli (PRO) recuperó la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en todo el país pero también pidió al Gobierno que “asuma las obligaciones que el matchen”.
En este sentido apuntó que “hay diez vacantes en la justicia federal de Santa Fe y solo tres están tramitando su concurso en el Consejo de la Magistratura”. “Esassiete vacantes que el Poder Ejecutivo tiene que elegir un candidatureo y el Senado dar acuerdo podrían estar cubiertas la semana próxima”.
Al mismo tiempo, los delegados y senadores de la oposición a la vicepresidencia cumplen de forma urgente con la bicameral de Monitoreo y la implementación del Código Procesal Penal, que se reúne desde febrero de 2021, tal como informó de inmediato Clarín.
A todo esto se aggra la demora del Senado en aprobar las designaciones de al menos tres jueces federales para Rosario, que también fueron solicitadas por los representantes santafesinos y que desde el oficialismo culpable a Juntos por el Cambio por la falta de aprobación de estos pliegos, aunque el Frente de Todos supo tener el quórum y el acuerdo para avanzar con los nombramientos.
Más allá de estas trabas, el proyecto se presentó este miércoles en Diputados da un día antes de que concurra a exponer ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien puso en funciones en Rosario a los Nuevos efectivos que reforzarán el Comando Unificado de las Fuerzas Federales, en el marco de situación de violencia qu’atraviesa la ciudad.
El presidente Alberto Fernández anunció una serie de medios destinados a la ciudad de Rosario, que incluye la negativa de las fuerzas federales “hasta alcanzar los 1.400 efectivos disponibles” en un primer paso y la participación del Ejército, a través de la Compañía de Ingenieros, para ” la urbanización de los barrios populares” de esa ciudad santafesina.
El texto de fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe fue firmado, además de Mirabella, por los legisladores del FdT Germán Martínez, Vanesa Massetani, Alejandra Obeid, María Tejeda, Eduardo Toniolli, Marcos Cleri, y Magali Mastaler, y de JxC Federico Angelini, Mario Barletta, Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casa, Ximena García y Juan Martín y los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein.
Uno de los puntos esenciales planta que “quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito correspondiente fiscal a su asiento”.
